LA INTEGRACIÓN SOCIAL POR LEY

Hoy en día, muchas personas con síndrome de Down y en situación de discapacidad intelectual pueden llevar una vida digna y autónoma. Esto es posible gracias al apoyo que brindan entidades como la Fundación Catalana Síndrome de Down.

Sin embargo, estas entidades deben su existencia a que en 1982 se aprobara la ley LISMI (acrónimo de Ley de Integración Social del Minusválido). Este 21 de febrero se cumplen 40 años de su puesta de largo.

GERMEN INTEGRADOR

En 1977, el catedrático en Economía Ramon Trias Fargas fue elegido diputado por Convergencia Democrática de Cataluña en las Cortes Generales. Como presidente de la Comisión Especial del Congreso, Trias Fargas puso manos a la obra en un proyecto de ley inclusiva. El objetivo no era otro que el de velar por los derechos de los entonces llamados “minusválidos” (eran invisibles a ojos de la sociedad), los cuales quedaron recogidos en el artículo 49 de la Constitución española de 1978.

PRESENTACIÓN ANTE LAS CORTES

Una vez redactado, el 21 de febrero de 1980, Ramon Trias Fargas presentó el proyecto de ley integradora ante las Cortes fruto de dos años de trabajo. En su intervención, el diputado de Convergencia Democrática de Cataluña pronunció un discurso con citas destacables: “La población que padece alguna minusvalía es, señoras y señores diputados, de un volumen realmente alarmante. En alguna de las ocasiones que he tenido que hablar ante el Pleno de estas cuestiones he dicho que una sociedad puede considerarse más civilizada como más defendidas están las personas que se propone proteger”.

También dijo: “Ya es tarde para recuperar las lágrimas que han derramado, pero es la hora de enmendar las cosas lo antes posible. Este es el motivo de la presente proposición de ley”.

LA LISMI, UNA REALIDAD SOCIAL

El consenso por unanimidad de la propuesta de ley presentada por Ramon Trias Fargas (fue la primera ley aprobada por todo el arco parlamentario) culminó en la aprobación el 7 de abril de 1982 de la ley 13/1982, más conocida por LISMI o también como Ley Trias Fargas. La entrada en vigor de la misma conllevó la creación de empresas ocupacionales para personas con síndrome de Down o en situación de discapacidad intelectual, física o sensorial (la cooperativa de derivados lácteos La Fageda, fundada el mismo 1982 es el mejor ejemplo).

Posteriormente la ley LISMI dio un paso más allá en la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. Por norma, las empresas ordinarias con más de 50 trabajadores están obligadas a cubrir un 2% de su plantilla contratando personas en esta situación. El requisito para la contratación inclusiva es que el trabajador tenga un mínimo del 33% de discapacidad intelectual reconocida.

EL INCUMPLIMIENTO SALE CARO

La negativa por parte de una empresa a contratar a una persona con discapacidad puede conllevar una serie de sanciones. Estas comprenden desde las económicas (multas de entre 301 y un millón de euros por trabajador con discapacidad no admitido) hasta las de tipo administrativo como la suspensión en la contratación con la Administración Pública. Por otra parte, la LISMI también contempla “medidas alternativas” a la contratación de trabajadores en situación de discapacidad. Consisten en aportaciones económicas y patrocinio en favor de entidades dedicadas a la integración social de estos colectivos.

Han pasado 40 años desde la presentación de la propuesta de ley presentada por Ramon Trias Fargas. La que en 1982 fue aprobada como LISMI, en 2014 quedó rebautizada con el acrónimo LGD (Ley General de la Discapacidad) para adecuarse a los tiempos actuales. Aunque haya variado el nombre, la filosofía es la misma: hacer prevalecer la integración social por ley.

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